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LA CIUDAD CAPITAL Y LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ SON LAS ZONAS CON MAYOR PROBLEMA

El fraude que toma fuerza

Pocos controles en las notarías y el Registro Público permiten que personas puedan traspasar casas y terrenos de forma ilegal.


LA RED. A pesar de las advertencias, personas con antecedentes de fraude continúan haciendo traspasos fraudulentos de propiedades en el Registro Público. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez.1455006

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

Ninguna propiedad parece estar a salvo de una red de estafadores que se las ha arreglado para pasar por los pocos controles del Registro Público y las facilidades que brindan las notarías.

Hasta ahora no se ha probado la existencia de colaboradores en estas instituciones, pero en los tres últimos años han aumentado los casos de ventas de casas y terrenos con documentación falsa.

Los propietarios originales pierden la titularidad dentro del Registro Público y en la mayoría de los casos se enteran cuando llega el nuevo dueño a reclamar el bien.

De acuerdo con los casos de estafas que han pasado a la investigación judicial, resalta que la mayoría de los problemas se han registrado en las notarías segunda y décima.

La Gobernación de Panamá aceptó la existencia del problema, pero aseguró que son casos de administraciones pasadas.

Según los expedientes con irregularidades que se han trasladado al Ministerio Público hay fiscalías donde se han identificado al menos 536 casos , en otras 389.

El pasado 3 de agosto la Fiscalía Segunda del primer circuito judicial de Panamá, que mantiene otros nueve casos de delitos contra la fe pública cometidos a través de documentos públicos, informó a la Gobernación que ha encontrado “muchas dificultades” al momento de solicitarle a las notarías la ubicación de los protocolos.

“Estas circunstancias paralizan nuestra investigación, pues ese documento es el que sirve para acreditar el hecho delictivo, que en la mayoría de los casos involucra traspaso fraudulento de fincas”, resaltó la Fiscalía Segunda.

Los casos denunciados revelan que existe un esquema similar de operación por parte de estas redes de estafadores. Ello consiste como primer paso en la publicación de la venta de la propiedad en un medio escrito.

Una vez se encuentra al potencial comprador, se solicita a la notaría la certificación de un poder para ceder la propiedad con cédulas de identidad falsificadas.

Una vez notariado la compraventa de la propiedad, el siguiente paso parece resultar más sencillo.

En la mayoría de los casos estas compraventas notariadas pasan sin problemas el filtro del Registro Público donde se logra hacer el cambio de propietarios.

El secretario general de la Gobernación, Roberto Tejeira, dijo que son constantes los casos de estafas que llegan a su despacho en busca de los registros o protocolos notariados para proceder con la denuncia ante el Ministerio Público.

Pero aceptó que gran parte de los documentos no aparece, lo que complica la tarea de reclamo de los afectados.

“También hemos encontrado que notarios de administraciones pasadas se llevaron los sellos y números de escrituras viejas que pueden prestarse para una venta falsa”, advirtió Tejeira.

Sin embargo, el funcionario aclaró que contra los nuevos notarios no se han presentado quejas, ya que la Gobernación le lleva una estricta fiscalización.

Algunas notarías también han adoptado el sistema de verificación digital de identificación del Tribunal Electoral para evitar la alteración de cédulas, pero son la minoría.

La Prensa intentó conocer qué acciones está tomando la nueva administración del Registro Público para combatir estas estafas, pero no hubo respuestas de sus representantes.

Dueños y estafados se enfrentan

Los más recientes casos que han llegado a buscar refugio en la justicia revelan que no es nada difícil para los estafadores poner en venta un bien ajeno. También se encontró que el mayor número de estafas se ha registrado en la ciudad capital y en Chiriquí. En uno de estos casos se acusa a Alexis Rojas, con cédula 4-102-1732, de haber supuestamente vendido una residencia en Bethania por $100 mil un día irregular de trabajo como el Miércoles de Ceniza de este año. El dueño original de la propiedad, que pidió reserva de su identidad, se enteró cuando alguien llegó reclamando ser el dueño de este bien.

En este caso se falsificó la cédula del dueño original de la residencia para notariar la venta del terreno. Esta era la segunda vez que Rojas había logrado pasar el filtro del Registro Público a pesar de que tenía una advertencia de estafa dentro de esta institución. A Andrés Fereijdo también le colocaron a la venta su propiedad en Bethania en un periódico de circulación nacional en diciembre de 2009. Fereijdo se enteró de que ya la propiedad no estaba a su nombre cuando intentó hacer una transacción personal: su cédula había sido falsificada y el supuesto estafador había recibido 117 mil dólares por esta venta.

El afectado mantiene un secuestro penal que no ha sido resuelto porque el comprador también reclama ser dueño del mismo bien. El profesor Jaime Brid también cayó víctima de estos estafadores hace dos meses. En esta transacción utilizaron el nombre de su padre, ya fallecido, para donar un terreno en Penonomé y una residencia en Albrook, a nombre de una mujer colombiana. Omar Pérez fue otro de los sorprendidos en septiembre de 2010, cuando un estafador legalizó la venta de un terreno en Boquete de 130 hectáreas utilizando el nombre de su abuela muerta en 1931.

Un sistema notarial muy débil

Una carta remitida por la Gobernación de Panamá al Colegio de Notarios Públicos de Panamá, el 1 de julio pasado, revela que las autoridades conocen que el sistema notarial carece de una buena regulación para evitar el fraude en la venta de propiedades.

“Protocolos extraviados, defectuosos y sin timbres, registros de testamentos extraviados, robos de libros, sellos, páginas membretadas y numeraciones para confeccionar escrituras”, son parte de los hallazgos de un informe que presentó la Gobernación de Panamá al Ministerio de Gobierno.

El documento planteó la alternativa de designar una comisión para que presentara un proyecto de legislación con el fin de regular la función notarial, pero la misión no ha logrado avances, según se conoció.

La Gobernación sostiene que la propuesta de cambios al sistema notarial debe ser el resultado de un estudio profundo consultado con los diferentes entes sociales y comerciales que involucra esta actividad.

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